Últimamente podemos leer y escuchar numerosas noticias que hablan del recurso interpuesto por el gobierno a algunas comunidades autónomas a las convocatorias de oposiciones de docentes.El recurso se fundamenta en que estas Comunidades han establecido convocatorias en las que el número de plazas convocadas es mayor que el 30% fijado por ley.
Como consecuencia de ello se ha creado un cierto malestar entre los opositores y acusaciones por parte de otros grupos políticos hacia el gobierno de actuar en contra de una educación de calidad.
En la sesión de control al gobierno este miércoles el ministro de educación fue interpelado por el portavoz de educación del grupo popular sobre dichos recursos.
El portavoz popular acuso al ministro de pasividad y de no trabajar en aras de conseguir la calidad en la educación en cuanto se aumenta la precariedad en el empleo.
El ministro afirmo que nada más lejos de la realidad pues el ministerio ha trabajado en la comisión general de la Conferencia Sectorial de Educación con las comunidades autónomas en tres sesiones distintas en la defensa del máximo número de plazas convocadas dentro de la legalidad.
El ministro destaco que el gobierno a defendido en todo momento la convocatoria de oposiciones y que se paso de un 10% inicial de reposición a un 30%, un logro considerable teniendo en cuenta la situación económica actual y las medidas adoptadas para hacer factible la reducción del déficit y lograr la estabilidad presupuestaria.
Es evidente que vivimos momentos difíciles que hacen que se deba adoptar medidas que ningún gobierno desearía adoptar, pero se trabaja con perspectiva de futuro, como se debe hacer.
Las comunidades autónomas deben ajustarse a la legalidad y cumplir la ley de presupuestos generales del Estado. No debe existir ninguna duda al respecto y resulta una irresponsabilidad por parte de algunos dirigentes plantearse saltar las leyes estatales y resulta más chocante que esto se produzca en muchas de las comunidades autónomas gobernadas por un partido que en muchas ocasiones ha puesto en duda el Estado de las Autonomías.
Trabajar por una educación de calidad es obligado para cualquier dirigente al mando del área de educación pero siempre debe hacerse dentro de la legalidad.
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